Profesionales del sector deben darle seguimiento a las operaciones de sus clientes

Como consecuencia de  las presiones de organismos internacionales, el mercado bursátil y el sector bancario se han convertido en los custodios de la honestidad de sus clientes y de entes orientados a perseguir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Además de contribuir con la prevención de actividades terroristas e incluso recaudar  impuestos para otras jurisdicciones.

Por ello, Julio Aguirre, presidente de Csmb Panamá, recomendó a los empresarios y colaboradores de ambos sectores que “lo mejor es segmentar a  los  clientes para  manejar de forma más efectiva la debida diligencia básica para aquellos que están bancarizados y una debida diligencia adicional para aquellos que no lo están, es decir que manejan efectivo”.

Roberto Sayavedra, director senior de FTI Consulting Panamá, señaló que aunque existe un alto conocimiento  sobre estos temas, ambos sectores deben contar con  un plan de divulgación sobre los  cambios de regulación.

Con esto los empresarios les brindarán mayor información a los clientes, al tiempo de destacar los aspectos positivos de las medidas que se han tomado, lo que no solo mantendrá las relaciones con la entidad financiera, sino que le dará más seguridad a sus clientes, dijo Sayavedra.

Entre   los  principales cambios que  se  deben   implementar en el  marco de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, está el  seguimiento al negocio del cliente y el establecer  controles basados en el riesgo de cada cliente.

Lo que significa que ya no basta con  realizar  una debida diligencia para conocer la verdadera identidad del beneficiario final de una cuenta, ahora a los bancos se le solicita conocer el negocio o fuente de fondos del cliente para  entender cómo operarán la cuenta y establecer un perfil transaccional.

Cabe resaltar que las cifras de la Superintendencia de Banco de Panamá (SBP) reflejan que los activos del Centro Bancario Internacional sumaron  $114.052 millones, lo que representa un aumento de 12% con respecto al año anterior cunando alcanzó los $102.684 millones, es decir $11.368 millones adicionales.

Mientras que el volumen negociado por los emisores del mercado de valores  alcanzó a junio de 2015 un saldo de  $2.418 millones, lo que representa un descenso de 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando sumó  $2.671 millones, según las cifras de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP).

Por otro lado,  Rolando de León de Alba, gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), coincidió con Sayavedra sobre el rol de los empresarios y  detalló que “si analizamos la Ley 23, entre sus objetivos está mitigar los riesgos.

Explicó que lo primero que tienen que cambiar los colaboradores es la mentalidad sobre  el enfoque tradicional que se  le ha  dado a los riesgos y darle paso al nuevo concepto que introduce la norma, de “enfoque basado en riesgo”, que se aplica tanto para las entidades, como para sus clientes y el beneficiario final.

Dicho enfoque ya no será estático, pues el cliente no se mantendrá con el nivel de riesgo que se le asignó al convertirse en cliente, sino que, dependiendo de las variables contenidas en la Ley, su clasificación variará, salvo para el caso de las personas expuestas políticamente que son consideradas por la Ley como de alto riesgo.

En segundo lugar, será necesario un cambio sobre el manejo de las responsabilidades, y para ello es importante tener bien identificadas las distintas líneas de defensa en materia de prevención, a nivel de cada entidad, dijo de León de Alba.

Por lo cual recomendó que no se escatimen esfuerzos y recursos, porque la Ley es muy exigente en lo que a procesos, herramientas tecnológicas y capacitación se refiere.

Por su parte, Mario de Diego, Jr., vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), dijo que los colaboradores   de ambos sectores deben continuar utilizando los sistemas establecidos e incorporar cualquier otra medida contemplada en la Ley 23 y sus respectivas reglamentaciones.

El tema fundamental está en que aquellos otros sectores de la economía a los que se refería el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe emitido en el año 2006, donde detallaba que:

La información procedente de diversas investigaciones criminales ha demostrado que los requisitos de declaración que impone la Ley contra el blanqueo de capitales han tenido un efecto disuasivo sobre el nivel de actividad del lavado de dinero en las instituciones financieras. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que el lavado de dinero ha tendido a desplazarse hacia otros sectores de la economía, a fin de que los lavadores puedan eludir la avanzada capacidad de los bancos para detectar la introducción de capitales ilícitos-.

La aplicación por  parte de los bancos de las disposiciones de la Ley 23 no deben afectar, como no lo ha venido haciendo, la relación entre el banco y su cliente, acotó De Diego.

Mientras Moisés Cohen, presidente de Capital Bank, manifestó que los banqueros trabajan con miras a construir relaciones de confianza con sus clientes, por lo que solicitó a las autoridades prudencia a la hora de implementar estos nuevos roles para que no terminen afectando el negocio bancario y demás actividades financieras que se realizan  en el mercado panameño. 

Fuente: Diario Capital Financiero