Los sujetos obligados deberán ejecutar medidas preventivas con un enfoque basado en riesgo

Los sujetos obligados no financieros  tendrán que implementar  cambios significativos, luego de la aprobación del proyecto de Ley  167 del 18 de marzo de 2015, que establece medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.

Y  como consecuencia  de los cambios que les impone la nueva legislación, es muy probable que algunas empresas se fusiones o ejecuten  estrategias de  tercerización, destacó el  expresidente de la desaparecida Comisión Nacional de Valores (CNV), Carlos Barsallo.

El experto explicó que en  el artículo 33 de la nueva ley  se establecen criterios esenciales que deben cumplirse, como, por ejemplo, el diseño de controles para la aplicación de medidas preventivas, con un enfoque basado en riesgo, lo que  implica una evaluación de los productos y servicios que ofrecen y que ofrecerán a los clientes.

En ese sentido, los sujetos obligados deberán: Diseñar controles conforme al grado de complejidad de sus actividades, las que podrán contemplar distintas categorías de riesgos de clientes, para el logro de una adecuada segmentación.

Igualmente deberán realizar un análisis predictivo para sensibilizar los riesgos que puedan afectar a sus productos y servicios, considerando la probabilidad e impacto de las etapas del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, al igual que de los delitos relacionados  y con base a este estudio  diseñar los controles adecuados que permitan mitigar los riesgos observados.

Y, además, deben  contemplar las herramientas tecnológicas que permitan agregar efectividad a las funciones de prevención de los delitos mencionados.

Según estimaciones de empresarios, economista y financistas,  la Ley antilavado provocará que muchas empresas se fusiones como lo hicieron algunos entidades bancarias el año pasado.

El economista Víctor Cruz sostiene  que los cambios que deben implementar  los nuevos sujetos regulados, quienes muy poco o nada estaban regulados, son significativos,  por lo que ante este nuevo panorama  cualquier empresa podría optar por  fusionarse. 

En opinión de Cruz como todo en la vida, la norma tiene su pro y su contra, y entre las desventajas mencionó que  los  clientes se verán afectados, debido a que los  nuevos  gastos operativos le serán trasladados.

Los abogados, contadores públicos autorizados y auditores externos  no tendrán  que reportar transacciones sospechosas si la información pertinente se obtuvo en circunstancias en las que están sujetos al secreto profesional o privilegio profesional legal, de acuerdo con señalamientos del asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Julio Aguirre. 

Fuente: Diario Capital Financiero